La recuperación de piezas arqueológicas devuelven a un país parte de su identidad cultural. El análisis, identificación y rescate del patrimonio cultural saqueado es un proceso trascendental que la Dra. Paz Cabello Carro, perito que participó en la recuperación de la denominada “colección Patterson”, nos cuenta a continuación.
En mayo de 1988 llevé unas piezas del Museo de América de Madrid a una exposición en el Grand Palais de París, L’Or et son mythe, donde tuve ocasión de ver unas piezas que acababan de descubrirse y pertenecían a una colección privada peruana.
Aunque entonces desconocía los hechos, tuve la ocasión de contemplar las piezas de Sipán, cuyo impacto todavía perdura en mí a pesar de la ausencia de datos del catálogo y lo reducido de las imágenes. El año anterior unos huaqueros habían abierto una tumba cuyo ajuar de oro y demás piezas metálicas habían sido vendidas a coleccionistas; una parte quedó en manos de particulares y otra salió enseguida fuera del país y fue reclamada, publicando en 1997 la UNESCO en un libro sobre el saqueo en Latinoamérica, una muestra de los objetos robados.
El arqueólogo Walter Alva se hizo cargo del yacimiento y empezaron las excavaciones científicas de Sipán, ampliamente difundidas en todos los medios nacionales y extranjeros, destacando los reportajes de National Geographic. Esta difusión de los materiales de Sipán ha hecho que su estilo sea reconocible y que se puedan identificar objetos que pertenecen a un mismo conjunto. En 1992 se publicó en Lima un volumen sobre el oro del antiguo Perú, donde aparecían numerosas piezas de colecciones particulares peruanas, entre ellas algunas iguales a las expuestas en París, claramente de Sipán y del yacimiento de La Mina, ubicado en el valle de Jequetepeque, y expoliado pocos años antes.
A comienzos de 1997 pude ver en Santiago de Compostela, España, la exposición El espíritu de América prehispánica. 3000 años de historia, una muy amplia muestra que ocupó tres sedes con objetos procedentes de diversos países, cuyo catálogo, precedido por numerosos artículos académicos, solo reseñaba una pequeña parte de lo realmente mostrado. El o los propietarios, entre los que figuraba Leornado Patterson, ofertaron la colección al gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya sede está en Santiago, que tras diversas consultas no aceptaron la oferta. La colección quedó en un almacén de la ciudad hasta que, en un seminario sobre tráfico ilícito celebrado en Madrid un funcionario gallego y un antiguo policía peruano comentaron la situación.
Con el catálogo en mano, que también había sido publicado en versión estadounidense, el gobierno peruano reclamó al juzgado de instrucción de la ciudad de Santiago de Compostela las 31 piezas peruanas cuyas imágenes aparecían en el mencionado volumen. Por orden del juez, la policía entró en el almacén, abrió todas las cajas, fotografió sus contenidos y remitió todas las imágenes para que le confirmase las piezas reclamadas.
El doctor Alva emitió informe indicando todos los numerosos objetos peruanos que advirtió en la colección; lo que había de ser ratificado por otro perito, diferente al que hubiese redactado el primer informe que dio origen a la reclamación. El gobierno peruano me designó como perito, ya que entonces hacía años que dirigía el Museo de América y había colaborado con el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y Perú en la elaboración de «listas rojas» contra el tráfico ilícito. Como las fotos tomadas por la Brigada de Patrimonio Histórico de la policía española en el almacén de Santiago mostraban más de 200 piezas peruanas prehispánicas, el gobierno de Perú hizo una segunda reclamación por el resto de los objetos, nombrándome también perito suyo. Mientras tanto, continuaba el proceso de reclamación y peritaje de las 31 piezas.
El enfoque de la reclamación peruana era que, ateniéndose a la propia normativa, al ser objetos originarios de este país debían regresar. El enfoque de la justicia española era que había que demostrar el expolio, ya que existe un tráfico lícito y regulado de obras de arte. En términos jurídicos, la carga de la prueba recae siempre en el demandante que, en este caso, debe demostrar que los objetos que reclama le han sido ilegítimamente sustraídos. Por otra parte, hasta 1985 la legislación española permitía la entrada no documentada de bienes culturales y establece que, tras diez años de estancia en el país, los objetos pasan a formar parte del patrimonio histórico español, y esos diez años ya habían transcurrido en 2007. No se le escapaba a la justicia española la dificultad de la situación, ya que las piezas no habían sido robadas de un museo o colección legalmente constituida en la que existen datos objetivos como imágenes o medidas, sino que parecían proceder de un saqueo que, por su clandestinidad, es difícil de demostrar. Era, por tanto necesario demostrar el expolio: el saqueo del yacimiento y la exportación ilícita del Perú.
El juez ordenó que las 31 piezas objeto de la primera reclamación fuesen depositadas para su estudio en el Museo de América.
Era evidente que si se demostraba la existencia de expolio en este primer lote, sería más fácil abordar el segundo lote de la misma colección; de manera que era necesario centrarse en este primer lote, explicar claramente la situación y probar que al menos una parte de las piezas había sido expoliada y sacada ilícitamente del país.
Un primer examen de estos 31 objetos y un estudio de las restantes piezas depositadas todavía en el almacén de Santiago, evidenció que no era difícil sino imposible demostrar el saqueo de muchas de ellas, sobre todo las cerámicas, ya que objetos similares están en el mercado. Me centré en los metales que suelen presentar características estilísticas y técnicas particulares que permiten asignarlos a un taller que proveyó el ajuar de un enterramiento.
El yacimiento de Sipán es bien conocido a través de la bibliografía, que detalla su expolio, las primeras excavaciones con las escasas piezas halladas en la tumba saqueada y las posteriores en los enterramientos siguientes. No era difícil reconocer las piezas procedentes de la tumba del Señor de Sipán; ya había contemplado en París una parte y conocía la bibliografía, e hice consultas a especialistas. Era evidente y pude demostrar de manera objetiva que la mayor parte de las piezas que tenía en mis manos procedían de la tumba saqueada de Sipán; otras presentaban un estilo y una manufactura algo diferente, que las relacionaban con dos tumbas moches huaqueadas algo antes, fundamentalmente con el yacimiento de La Mina. Algunas de estas piezas habían sido publicadas en Lima en 1992, presentando en ciertos casos pequeños desperfectos que las individualizaban. Finalmente, había un conjunto formado por una máscara Sicán, un cetro y unas láminas de oro presentadas sobre un fieltro como si fuesen placas ornamentales de un vestido; las perforaciones en los bordes señalaban que probablemente eran las hojas doradas que recubrían unas andas de ceremoniales de madera hoy desaparecidas y similares a otras de la misma cultura que ha llegado a nosotros. Máscara, cetro y láminas asociadas a unas andas ceremoniales debían relacionarse con unos remates de madera que todavía estaban en el almacén de Santiago; lo que señalaba la existencia de un conjunto Sicán saqueado en fechas relativamente recientes, según indicaba la conservación de los pigmentos y al hecho de comercializar unas láminas abolladas, perforadas y lisas no como oro a fundir sino como parte de un vestido.
El hecho de que el fiscal Roma, que llevaba el caso, fuese uno de los escasos especialistas en derecho de patrimonio histórico debió también pesar en la decisión del juez de devolver a Perú la colección que continuó en el Museo de América. Al mismo tiempo, el juez se ocupó de atender a la segunda reclamación y ordenó el depósito del resto de la colección en el mencionado museo. Cuando la policía entró en los almacenes para cumplir la orden judicial se encontró con que solo quedaban unas cajas con las piezas reclamadas por el gobierno de Perú; el resto había sido embarcado por su propietario y sacado por carretera con destino a Munich sin haber solicitado previamente el preceptivo permiso de exportación, temporal o definitiva. Como esta petición es obligada y, según la normativa española, su incumplimiento hace perder la propiedad que pasa automáticamente al Estado, España reclamó a Alemania y se puso en contacto con los otros países latinoamericanos de donde procedían otras piezas de la gran colección con el objeto de proceder a las repatriaciones que hubiera lugar. Actualmente las piezas de la colección Patterson procedentes de varios países americanos continúan detenidas y reclamadas en la mencionada capital de Baviera; las piezas peruanas han sido devueltas: una parte de ellas ya ha sido repatriada y está en Perú, mientras otras están en proceso de traslado. Paz Cabello Carro
