Desde el siglo XVI, cuando la América originaria era ocupada por los europeos, se inicia también una larga historia de saqueos de objetos culturales protagonizada por misioneros, viajeros y estudiosos de la época, y que hoy, siglos después, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo después del tráfi co de armas y de estupefacientes.

Son frecuentes las noticias en la actualidad que dan cuenta del tráfico ilícito de bienes culturales, un azote que nuestro país ha sufrido durante siglos. Recién en los albores de la República se toma alguna conciencia de ello y se va gestando un marco jurídico orientado a proteger nuestro patrimonio cultural. El siguiente es un breve repaso de las principales normas promulgadas por el Estado, las mismas que, por una razón u otra, han resultado relativamente efi caces en su propósito.

Antecedentes legislativos El 2 abril de 1822 se suscribe el Decreto Supremo N° 089, que constituye el primer precedente jurídico de protección del patrimonio cultural en el Perú republicano.

Esta norma establecía expresamente que los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son propiedad de la Nación, y si bien podían circular libremente dentro del país, el gobierno podía prohibir su exportación. Algunos años después, el 3 de junio de 1836, se suscribe el Decreto Supremo N° 433, por el cual se declara vigente la prohibición de extraer minerales y antigüedades en los términos del aludido Decreto N° 089.

Mediante Decreto Supremo del 27 de abril de 1893, se prohíbe hacer exploraciones para buscar objetos arqueológicos, sin una licencia especial. Ya en el siglo XX, en 1911, se promulga el Decreto Supremo N° 2612, por el cual el Gobierno del Perú determinó que todos los objetos que pudiesen encontrar en asentamientos arqueológicos pertenecen al Estado. Diez años después, el 11 de junio de 1921, se promulga un nuevo Decreto Supremo que prohíbe la destrucción, extracción y exportación no autorizadas de los monumentos arqueológicos. Complementan las medidas de esta norma, cuyo espíritu apunta hacia un mayor proteccionismo, el decomiso de todo objeto o colección arqueológico que se pretenda extraer del país sin el permiso respectivo, y que las personas que ordenen, ejecuten o cooperen a la extracción, destrucción o exportación clandestina de objetos arqueológicos sufrirán, a juicio del Gobierno, la imposición de una multa.

La Ley Nº 6523, del 9 de febrero de 1929, es una norma que protege las obras de arte, pintura y demás bienes de la época colonial del departamento del Cusco.

La Ley Nº 6634, del 13 de junio de 1929, señala que pertenecen al Estado los restos humanos, tejidos, artefactos de madera, oro, plata y demás objetos de cualquier otra naturaleza y aplicación, contenidos en los monumentos históricos, aún cuando se descubran o extraigan de terrenos de propiedad privada. Una disposición que encontramos, de vital importancia, es que no están permitidas las excavaciones o exploraciones en yacimientos arqueológicos que no cuenten con las autorizaciones respectivas, bajo pena de multa o la responsabilidad penal pertinente. Asimismo, otra de las disposiciones de esta ley es la prohibición de exportar objetos arqueológicos sin autorización, sean de propiedad privada o pública, sancionando al sujeto que realice exportaciones clandestinas con pena de comiso del bien cultural y con multa.

El 2 de julio de 1931 se promulga el Decreto Ley N° 7212, decretando que el Patronato Arqueológico Nacional y los Patronatos departamentales ejercerán la supervigilancia y el control sobre los monumentos virreinales peruanos. Al advertirse un vacío en la Ley Nº 6634 en relación de los bienes de la época colonial, se buscó subsanarlo, iniciándose a partir de esta norma la protección general de los bienes de carácter histórico y artístico como parte de lo que actualmente conocemos como patrimonio cultural de la Nación.

Mediante la Resolución Suprema N° 170, de 16 de abril de 1932, se dispuso que las autoridades y funcionarios policiales estaban obligados a capturar a los excavadores clandestinos e incautar las especies arqueológicas.

El 31 de abril de 1933 se promulga la Resolución Suprema Nº 94, que reglamenta la Ley N° 6634. Al amparo de esta norma no se permite la exportación de objetos arqueológicos sin autorización previa del gobierno. El incumplimiento estaba sancionado con el decomiso de los objetos más una multa.

Años después, en 1947, el Decreto Supremo del 27 de octubre reglamenta la exportación de especímenes arqueológicos, señalando que la solicitud de exportación se presentará ante el Ministerio de Educación Pública.

Ya el 20 de febrero de 1958, a través de la Ley Nº 12956, se prohíbe la exportación de todo objeto de valor arqueológico o histórico, incluyendo las obras de arte que sean consideradas integrantes del patrimonio cultural de la Nación.

Una norma importante es la N° 24047, Ley General de Amparo del Patrimonio Cultural, promulgada en enero de 1985. Esta norma sanciona con multa y decomiso de los bienes culturales que intenten exportarse sin el certifi cado del organismo competente, que descarte la presunción de ser un bien del Patrimonio Cultural de la Nación o que, en caso contrario, autorice su salida.

Situación Actual En el contexto actual, desde el 23 de julio de 2004, está vigente la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296), la misma que fue reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 011-2006-ED.

Exportación Ilícita ¿Cómo es que actualmente los bienes culturales pueden salir lícitamente del país? En principio, los bienes culturales ya sea los declarados o aquellos respecto de los cuales opera la presunción legal de serlos, de acuerdo al artículo 33° de la Ley arriba indicada, no pueden salir del Perú, salvo las excepciones establecidas por ley.

Asimismo, es pertinente destacar cómo se sanciona en el Perú la salida ilícita de bienes culturales. El sistema jurídico peruano trata este tema desde una doble perspectiva. Desde el Derecho Administrativo la salida ilícita tiene como sanción administrativa la pérdida de propiedad del bien cultural a favor del Estado peruano, excepto aquellos robados o hurtados y siempre que sus propietarios acrediten fehacientemente su titularidad.

El intento de salida ilícita de bienes culturales se sanciona con el decomiso o multa.

Desde la perspectiva del Derecho Penal, nuestro Código Penal vigente tipifi ca la salida ilegal de bienes culturales, teniendo en cuenta un criterio cronológico: Bienes culturales prehispánicos Tanto la salida de bienes culturales prehispánicos, así como el no retorno de los mismos de acuerdo a la autorización concedida, son pasibles de pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con 180 a 365 días multa. Es necesario precisar que este tipo penal se aplica a los bienes culturales arqueológicos declarados, como a aquellos respecto de los cuales opera la presunción legal de serlo.

Bienes culturales no prehispánicos La salida de bienes culturales, previamente declarados distintos a los de la época prehispánica, así como el no retorno de los mismos de acuerdo a la autorización concedida, son pasibles de pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con 90 a 180 días multa.

Importación Ilícita Nuestras normas sancionan con multa o decomiso a la persona que intente introducir al país bienes culturales de otro país, sin la certifi cación que autorice su salida del país de origen. En referencia al comercio ilícito, las transferencias de propiedad de un bien integrante del patrimonio cultural de la Nación deben ser puestas en conocimiento previo de los organismos competentes, bajo sanción de nulidad. (Guillermo Rebaza, Fabricio Valencia, Oficina Jurídica INC)